El ministerio de Deportes, en conjunto con el ministerio de medioambiente acompañados de militares desalojaron a varias personas que estaban ocupando terrenos propiedad de la Barranquita según informo el viceministro de deportes en Santiago Félix Alcántara.
Alcántara declaro que dichos terrenos están adyacentes al campo de tiro olímpico los cuales fueron declarados de utilidad pública mediante el decreto 675-12 del año 2012.
“Esos terrenos serán utilizados para la construcción del Parque Ecológico Regional del Cibao donde además será construido el Seminario arquidiocesanos que estará a cargo del Arzobispado de Santiago” explico Alcántara
El terreno tiene un aproximado de 530 mil metros cuadrados, según Félix Alcántara los invasores residen en su gran mayoría el sector Yaguita de Pastor que está cercano al complejo deportivo La Barranquita.
Según Alcántara el doctor Jaime David Fernández Mirabal, declaró el pasado lunes que sectores desaprensivos estaban ocupando el complejo deportivo bajo el alegato de poseer títulos y que tras la ilegalidad dicho ministerio procedió a desalojarlos.
El doctor Fernández Mirabal rechazó la acción y aclaró que los terrenos de La Barranquita fueron pagados por el Estado a principios de los años 80.
Dijo que en ningún momento permitirá que personas desaprensivas, que han estado violentando permanentemente el derecho de la propiedad pública, especialmente del patrimonio de Santiago, de la familia deportiva y del país como lo constituye el complejo deportivo La Barranquita, sigan pretendiendo adueñarse de esos terrenos.
Aprovechó para mostrar su preocupación profunda por la lentitud con que el Ministerio Público ha estado manejando el caso de La Barranquita. Fernández Mirabal hizo un llamado al Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, y a la magistrada Luisa Liranzo, para que aceleren el proceso judicial que se le debe seguir a esos supuestos dueños que según dijo se amparan en títulos que han obtenido de forma onerosa, “puesto que tenemos constancia de que hubo un dolo al Estado, ya que esos terrenos fueron pagados y luego en un proceso oscuro se emitió una segunda determinación sobre ellos”
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